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Las Ciencias Fiscales son un conjunto de disciplinas o areas del saber que hoy en dia poseen la calificación de “Ciencia”; ya que estas agrupan en un contexto, los conocimientos metodologicamente estructurados, con un ámbito de aplicación que va desde el origen, naturaleza, estructura y aplicación hasta los efectos de las corrientes económico-financieras que el Estado estima, recaba y ejecuta en condición de “Ingresos Públicos”; a efecto de cubrir el Gasto que se genera en virtud de la satisfacción de las necesidades colectivas, así como también sus propios fines; procurando una justa distribución de la riqueza, así como el crecimiento y desarrollo económico sostenido.

EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA COMO PRINCIPIO RELATIVO Y NO ABSOLUTO, EN EL SISTEMA TRIBUTARIO Y SU APLICACIÓN EN LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

El Principio de Justicia Tributaria, persigue la justa distribución de las cargas impositivas en procura de los recursos que propendan a cubrir el gasto público; primordialmente, este se fundamenta en el Principio de la Capacidad Económica o Capacidad de Pago; el se ha concebido como base principal de la justicia tributaria, por ser, la piedra angular entre la capacidad contributiva y la confiscatoriedad; aspestos contenidos en los artículo 316 y 317 de la Constitucuón de la República Bolivariana de Venezuela. Así, que de este principio se deducen el de generalidad, por el cual todos contribuyen siempre que tengan capacidad económica, y el principio de igualdad, por el cual todos los que tengan la misma capacidad económica deberán satisfacer la misma cantidad de impuesto, sin menos cabo de las subjetividades de los casos.

La Capacidad económica, se define como la capacidad para adquirir o ser titular de bienes o servicios (Públicos o Privados), esta capacidad puede recibir diferentes nombres como capacidad adquisitivaeste principio en materia tributaria, busca establecer una carga impositiva, acorde con la capacidad económica y contributiva del particular, en concordancia con el principio de Progresividad, debe proteger la economía nacional y elevar el nivel de vida de la población, por su carácter proteccionista; cabe destacar que en diferentes paises no exite este principio establecido constitucionalmente; pero como forma parte de los Pincipios de la Tributación, en algunos casos son adoptados en sentencias, que forman jurisprudencias en el tema

Sin embargo, existen diversas acepciones otorgadas a dicho principio; de los cuales se destacan, la “Acepción Restrictiva o Jurídica” y “la Amplia o Técnico –Legal”, para lo que se  explica lo siguiente:

Este principio se manifiesta a través de tres formas: 

a)- Por la acumulación de patrimonio (así, no conocemos nada sobre dos sujetos pero sabemos cual es su patrimonio, entonces entenderemos que tiene mayor capacidad económica quien tenga más patrimonio). 

b)- Como flujo de ingresos, atendiendo a las rentas, ( así, dos personas con un patrimonio similar pero uno de ellos trabaja y obtiene unas rentas mayores que el otro, entonces tendrá más capacidad económica quien tenga más renta). 

C)- Como flujo de salida, en forma de consumo, gasto o inversión, (tendrá entonces mayor capacidad económica aquél que realice un mayor consumo).

Por todo ello, los tributos deben tener en cuenta la capacidad económica del sujeto que pretenden gravar, es decir, sólo se dan sobre el consumo, gasto o rentas. Por ello, si en el cálculo de los tributos se consideran otras circunstancias distintas, el tributo será considerado inconstitucional. Actualmente, los tributos se dan más sobre la renta y gastos de los individuos y en pocas ocasiones sobre el patrimonio que se posee. 

La capacidad económica del sujeto se constituye como el factor principal para la distribución de la carga fiscal, es decir, que la capacidad económica nos dice quién y cuánto impuesto debe pagarse. No obstante, este principio no es absoluto, sino relativo. Por ello, deben realizarse una serie de matizaciones:

• Además de los tributos, existen otras fuentes de ingresos públicos, y el principio de capacidad económica solo se usará para los tributos ya que al resto de los ingresos no se le aplica este principio. Hay autores que entienden que las multas de tráfico deberían darse según la capacidad económica del sujeto a multar, aunque esto es sólo una idea ya que en la realidad no se da.

• Acepción Restrictiva: Hay distintas clases dentro de los tributos (tasas, impuestos...), el principio de capacidad económica sí se aplicará para los impuestos, pero para las tasas y contribuciones especiales se usa más el principio de equivalencia y no el de capacidad económica; lo cual no quiere decir que tasas y contribuciones sean inconstitucionales por no regularse bajo el principio de capacidad económica, ya que lo importante es que los diferentes tributos se regulen siempre bajo principios de naturaleza económica, y sino fuera así el tributo seria inconstitucional.

• Tasas fuera del ámbito objetivo del principio de la Capacidad Económica:

a. Por su estructura no contributiva (Vicente-Arche)

b. Por ratio no solidaria (Moschetti)

• El principio de capacidad económica admite desviaciones, ya que puede que dos sujetos tengan la misma capacidad económica y sin embargo no paguen la misma cantidad de impuestos. Esto se da cuando el tributo tiene más finalidades que las meramente recaudadoras. Este supuesto únicamente se da cuando a uno le toque pagar en el tributo menos de lo que le correspondería por capacidad económica, ya que en ningún caso se admite pagar más de lo que me corresponde por capacidad económica.

• El principio de capacidad económica limita el principio de equivalencia y su aplicación, por ejemplo en servicios públicos en los que los ancianos no pagan o pagan muy poco.

• Se duda de si este principio se aplica en todo el conjunto de los impuestos o también en cada uno de los impuestos, la respuesta es que se aplica a ambos.

En su Significado Restrictivo o Jurídico, se evidencia una interpretación de los principios, acorde con el sentido clásico tributarista- fiscalista, donde se orienta dicha interpretación a los impuestos y no a las tasas y contribuciones, tal es la posición de diversos juristas, que observan el principio de la Capacidad Económica de forma aislada; sin embargo, como todos sabemos no se pueden observar de forma separada cada principio; ya que por ejemplo, al lesionar el principio de la capacidad económica, se tendría un efecto confiscatorio, por ende, existe violación al principio de la Capacidad de No Confiscatoriedad al incumplir con el Principio de la Capacidad Económica y con ello también se afecta la Justicia Tributaria, por ello, se debe entender que los Principios Tributarios con rango Constitucional, buscan una interpretación y aplicación armónica de las normas tributarias, pero dentro de un espectro amplio, donde convergen todos los principios cual bloques en una pared.

Acepción Amplia: Esta visión busca el equilibrio de lo Técnico (Económico, Financiero y Fiscal) con respecto del Legal (Interpretación estrictamente Jurídica) respeta la interpretación estricta de las leyes y normas tributarias; pero atiende fundamentalmente su significación económica; donde, se entiende que los principios constitucionales del sistema tributario, son eso, “Principios del Sistema Tributario”, prevaleciendo la palabra sistema; en cuyo caso, se refleja que no se pueden ver de forma aislada para unos tributos y otros no, ya que este es un principio inclusivo, proteccionista de los derechos de las partes, y cualquier hecho que lesione los derechos de los particulares, especialmente en condición de contribuyentes, puede repercutir en la responsabilidad patrimonial del Estado, así como de los funcionarios que la representan.



• Tasas dentro del ámbito objetivo del principio de Capacidad Económica:

a. La razonable equivalencia de la recaudación total de la tasa con el costo del servicio es el límite máximo, pero puede ser menos. Las cuotas tributarias individuales pueden distribuirse en función de la capacidad económica global del contribuyente y poner el límite del mínimo de existencia (Manzoni, García Etchegoyen)

b. Debe gravar una parte del costo del servicio, que sería la base imponible, para no ser “confiscatorio”, la misma tasa se auto-regula con atención al principio, en virtud del gasto (Significación Económica).

En nuestra legislación, se establece en la Disposición Transitoria Quinta, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1.999); que se debe dictar un Código Orgánico Tributario que establezca entre otros aspectos, la interpretación estricta de la ley y normas tributarias, atendiendo el fin de las mismas y su “Significación Económica”, todo esto, en virtud de que la materia tributaria posee no sólo elementos jurídicos, sino también económicos.

En el ámbito Jurídico y Económico que debe ser visto el Principio de la Capacidad Económica, establece la disyuntiva de que si este principio es sólo aplicable a los impuesto y no a las tasas o contribuciones; por ejemplo, uno de los postulados, sostiene que las tasas no miden la capacidad económica puesto que está orientada a un servicio de la administración; de ser así se estaría afirmando la posición de diversos tratadistas, que establecen esos hechos como situaciones contractuales, que están representadas por la voluntad de una solicitud de servicio por parte de los administrados, sin embargo, esto negaría la existencia de un hecho imponible pre-establecido legalmente, y por ende, negaría la naturaleza tributaria de las tasas, siendo más un “Precio” que un monopolio del Estado; esto es parte de lo que plantea Dino Jarach (1.982), en su obra “El Hecho Imponible”, donde se destaca lo siguiente: 

No podemos insistir en el análisis de la distinción entre la obligación tributaria y la obligación contractual, resultante del goce de un servicio público. Queda sentado, sin embargo, que solamente admitiendo el titulado contractual de Derecho Público se puede admitir que la voluntad privada tenga función creadora en la relación jurídica tributaria. Si no se admite el contrato de derecho público, la Obligación Tributaria correspondiente a un servicio público demandado por el individuo tiene su fuente únicamente en la Ley.

En este sentido, la naturaleza tributaria de las tasas, hace necesario el tratamiento jurídico tributario del bloque de legalidad aplicable, como lo son los principios de tributarios constitucionales.

Algunos tipos de Tasas:

a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Es el primero de los supuestos que tradicionalmente ha dado lugar al pago de una tasa; requiere que los entes públicos titulares de los bienes de dominio público objeto de utilización concedan con carácter previo una autorización u otorguen una concesión.

b) Respecto de la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público en los términos antes citados y siempre que concurra alguna de las circunstancias reseñadas, significa que la nota que subyace es la coactividad en la prestación del servicio o de la actividad, coactividad que existe cuando el pago de la prestación está vinculado normativamente a la realización de una actividad administrativa o de un servicio público; cuando esos bienes, servicios o actividades se pueden considerar imprescindibles para la vida personal, social o económica; y cuando sea únicamente el sector público el que presta el servicio o realiza la actividad. 

Partiendo de que la capacidad económica da origen a una capacidad contributiva, y que la capacidad contributiva existe sólo en un individuo con capacidad económica, el Dr. Torrealba (2005), señala lo siguiente:

• Como garantía individual:

1. Debe gravarse una manifestación de capacidad económica (Tasa: La Demanda de un Servicio).

2. La capacidad económica debe ser efectiva.

3. La tributación no debe ser tan intensa que tenga efectos confiscatorios ni debe invadir el mínimo de existencia.

• Como criterio de igualdad:

1. El parámetro de comparación debe ser la capacidad económica.

2. Criterios de discriminación prohibidos.

3. Criterios de discriminación debidos:

a. Cuantitativos: la progresividad.

b. Cualitativos: mérito, necesidad.

• El contenido de la capacidad económica determinado según el entramado constitucional.

• La característica central de las Constituciones que consagran el Estado Social de Derecho:

Equilibrio entre el reconocimiento de una economía de mercado y derechos económicos sociales de igualdad real o sustancial.

• El criterio de justicia adoptado en la conciencia colectiva con el advenimiento del capitalismo y la economía de mercado: a cada quien según su contribución productiva, que es una forma imperfecta del criterio de a cada quien según sus méritos.

• Criterios de justicia del Estado social: a cada quien según sus necesidades básicas, que es una forma acotada del criterio de a cada quien según sus necesidades; de cada quien según la porción de la cuantía de su riqueza destinada a satisfacer necesidades básicas.

• Criterios de discriminación debida:

a) Cuantitativos: la progresividad

b) Cualitativos: 

-Necesidad: deducciones por gastos médicos, educativos, familiares.

-Mérito: rentas de trabajo y de capital; grande y pequeña empresa; actividad agraria e industrial; ganancias de capital; TASA….

CONCLUSIONES

• La tasa, “cuya cuota” no siempre representa la distribución del costo total del servicio en función de un índice o indicador del distinto disfrute del servicio de cada contribuyente; ya que hoy en día, existen Tasas expresadas en porcentajes (Ad-Valoran), en Unidades Tributarias (U.T.), entre otros.

• Es, por tanto, la Capacidad Económica manifestación del aspecto del principio de capacidad contributiva que coincide con el principio del beneficio: máxima tributación a la riqueza del todo no merecida, que para el caso de la tasa pasa por la capacidad de demandar un determinado servicio.

• No hay confiscatoriedad en condiciones donde no se grava una riqueza sobre la que se tenga previa titularidad, sólo sería confiscatorio cuando el importe de a pagar no se corresponda con el servicio público prestado.

• Cuando alguien no puede acceder al servicio por estar por debajo del mínimo de existencia, debe haber exención o tributación por debajo del costo, pues este aspecto representa el contenido esencial del derecho fundamental a contribuir según la capacidad contributiva.



• A pesar de no existir un sistema de jerarquisación entre los principios del sistema tributario, el Principio de Justicia Tributaria, posee un valor preponderante para la interpretación de las normas tributarias y con ello de los tributos; por ello, la garantía del Principio de Capacidad Económica obedece a los distintos tributos, en procura de limitar la potestad fiscal de los organos competentes y del legislador.

Apuntes sobre FATCA

Considerando el contenido de uno de mis anteriores publicaciones sobre LA FISCALIDAD INTERNACIONAL, donde se señalan diferentes principios o criterios fiscales; que hoy en día establecen las naciones como base que propician medidas de alcance territoriales o extraterritoriales de índole impositivo, con el objeto principal de que su brazo fiscalizador y recaudador posea las cualidades facultativas que le permitan controlar y gravar ingresos originados tanto en su territorio como mas allá de este, de conformidad con una serie de características o supuestos de hechos establecidos en ley; surgen diferentes manifestaciones de la cualidad de imperio del Estado en el ejercicio de sus potestades tributarias, cuyo contexto de un mundo globalizado, donde entre diferencias en sus tratamientos impositivos, los Estados propician facilidades que atraigan la inversión extranjera que configuren la domiciliación de transnacionales en sus respectivos territorios; en contraposición existen políticas impositivas con grandes diferencias, toda vez que poseen criterios con un mayor peso impositivo.

Esta situación genera que, así como los operadores de comercio, servicio e inversión, traspasan las fronteras de un país, donde se asientan sus intereses y su residencia; los estados, realicen convenios tendientes a incentivar y facilitar las negociaciones entre las personas: Naturales o Jurídicas, Físicas o Sociedades; de los diferentes países que negocien o pacten dichos acuerdos.

Sin embargo, es importante resaltar que así como existen diferencias entre dos o más empresas que se puedan sentar a negociar un determinado producto, servicio o inversión; más aún, se hacen presentes las diferencias o asimetrías económicas, comerciales y fiscales.

Esas diferencias que existen en materia “Fiscal”, son objeto de estudio, por parte de la “Fiscalidad Internacional”; a fin de disminuir o eliminar cualquier afectación que pueda generarse entre países; o entre organizaciones, empresas, servicios e inversiones transfronterizas.

A los efectos, de determinar cuando y donde debe tributar (pagar impuestos), una persona (Natural o Jurídica, Física o Sociedad) que tiene “residencia o nacionalidad” en un determinado país (A); y a la vez, tiene inversiones o negocios en otro país (B), donde le produce una ganancia (renta); esto a su vez genera la obligación de tributar; pero surge la posibilidad de doble imposición; lo cual afectaría, de forma confiscatoria al sujeto pasivo u obligado tributario, por lo que se estaría en presencia de un problema de “Doble Imposición” lo cual es materia de estudio por la “Fiscalidad Internacional”; y para lo cual se han creado diferentes mecanismos para evitarla, mediante los Convenios de Doble Imposición (CDI).

Conjuntamente con el desarrollo de las empresas multinacionales surgen “Los Precios de Transferencia”; en la medida en que éstas empresas empezaron a desarrollar sus estrategias para aumentar sus beneficios y minimizar sus riesgos, por medio de la diversificación de sus actividades productivas, comerciales y financieras, fueron surgiendo las técnicas para manejar el valor o el precio que se le asigna a viene y servicios, incluyendo la tecnología e inversiones, que serán objeto de transferencia entre las distintas empresas que conformaban un mismo grupo multinacional; y que pueden tener efectos económicos y/o jurídicos, nacionales o transnacionales; tanto para las empresas involucradas en la relación comercial, como las administraciones aduanera y tributarias de los países donde se desarrollen dichas negociaciones, toda vez, que se pueden haber disminuidos o incrementado dichos precios, y por ende, los costos y las bases imponibles de los impuestos que se generen, situaciones a destacar en el estudio de la doble imposición.

Siguiendo en el mismo orden de ideas; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, es pionera en estas áreas de estudio, estableciendo modelos de CDI que sirven como base para el estudio de la Fiscalidad Internacional.

Adicionalmente, el “Intercambio de Información” entre países que convergen en convenios de esta naturaleza, pasa a tener un régimen de “Fiscalidad Internacional”, que permita establecer la base cierta o probatoria para el control y la imputación de las cargas impositivas, sirviendo como sustento en las acciones que se desprendan, incluyendo el evitar la doble imposición. Sin embargo, entre las diferentes potestades públicas, los Estados poseen su autonomía legislativa para su ordenamiento jurídico interno, el cual debería estar armonizado con el ordenamiento fiscal internacional, de manera que esto coadyuve al logro del objeto de la norma contenida en dichos acuerdos internacionales.

En atención a lo anteriormente señalado, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama, en 18 de marzo de 2010 promulgó una nueva ley conocida como el  "HIRE ACT" (la “Ley”), como positivización de las políticas fiscales tendientes a coadyuvar en la creación de empleo y reactivación del consumo en los Estados Unidos de América (“EUA”). Como parte de dichas políticas fiscales, manifestadas ahora dentro del ordenamiento jurídico interno, se establecen medidas para compensar el desbalance entre el sacrificio fiscal y la carga impositiva de dichas normas, entre ellas prácticas de gestión fiscal sobre operaciones financieras cuyo ámbito de aplicación posee carácter extraterritorial; cuya denominación normativa se conoce como el “Foreign Account Tax Compliance Act” o FATCA por sus siglas en ingles; cuyo mecanismo debe enmarcarse dentro de los acuerdos de intercambio de información, de lo contrario se estaría generando una práctica paralela y al margen de estos a objeto de la recolección de información de los movimientos financieros internacionales de sus nacionales o residentes con fines fiscales y de control; tal y como lo señala el Comisionado del IRS, Doug Shulman (2010) en la 23ª Edición del Instituto de Impuestos Internacionales de la Universidad George Washington, al referirse al FATCA, según nuestra traducción, como: “El desarrollo más importante en información internacional en esta generación y es un gran paso adelante en nuestros esfuerzos para combatir la evasión fiscal”.

Cabe destacar que FATCA , tal y como se señaló anteriormente, surge en virtud del sacrificio fiscal, propiciando una carga impositiva a un universo gravable más amplio de lo contemplado anteriormente por el marco jurídico impositivo Estadounidense; de manera que el “HIRE ACT” contempla medidas recaudatorias que buscan compensar dichos sacrificios fiscales generados por los incentivos para la creación de empleo contemplado en dicha Ley; de manera que con esta medida, el Reporte del “Joint Committee on Taxation” del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica proyectó una recaudación aproximada de USD $7.67 billones de Dólares dentro de los primeros 10 años, computados desde a su aplicación.

En virtud de lo anteriormente señalado, puede inferir que FATCA es un mecanismo de recolección o acceso a la información y de control fiscal cuyos principales sujetos de obligaciones son los Ciudadanos o Residentes Estadounidenses, las entidades financieras internacionales (Foreign Financial Iinstitutions o “FFI”) y entidades no financieras privadas (NonFinancial Foreign Entities o “NFFE”) que mantengan vínculos con los Estados Unidos de Norteamérica. El Órgano fiscal competente en materia de Tributos Internos de los Estados Unidos (IRS) agrega lo que me atrevo a parafrasear como: FATCA posee cualidades fundamentalmente tributaria, toda vez que permite acezar a los medios probatorios pertinentes para la determinación tributaria sobre base cierta, toda vez que se hacen de las pruebas y soportes de los movimientos financieros extraterritoriales, que son gravables de conformidad con el principio fiscal de Nacionalidad o Residencia en el cual se fundamenta su sistema fiscal tributario.

EFECTOS JURÍDICOS DEL CUERPO NORMATIVO DE FATCA SOBRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EXTRANJERAS 

Se modifica el Código de Rentas Internas de los EUA (Internal Revenue Code o “IRC”), toda vez que se adiciona un Cuarto Capítulo, Secciones 1471 a la 1474 inclusive; cuyos sujetos son denominados "FFIs" y algunas entidades extranjeras no financieras (NonFinancial Foreign Entities o “NFFEs”).

Para ello, se definen como Entidad Financiera (Sección 1471 (d)(5) del Internal Revenue Code o “IRC”), lo siguiente:

a) Que acepte depósitos en el marco de sus operaciones cotidianas funcionando como banco o similar;

b) Que mantiene activos financieros por cuenta de otros como parte substancial de sus actividades de negocios;

c) Cuyas actividades principales de negocio (o si así se presentan ante terceros) incluyen entre otros, la inversión, reinversión o comercio de valores, commodities, participaciones en sociedades, futuros, opciones y otros derivados.

Dentro del Marco del FATCA, el IRS emitió el Anuncio 2012-42 donde se señalan los plazos para Diligencia Debida y otros requisitos; señalando lo siguiente:

I. FINALIDAD

Este anuncio contiene: (i) los plazos determinados agentes de retención y instituciones financieras extranjeras (FFI) para completar la diligencia debida y otros requisitos y (ii) orientación adicional sobre ciertos ingresos brutos retención y el estado de algunos instrumentos como las obligaciones de derechos adquiridos bajo las secciones 1471 a través de 1474 del Código de Rentas Internas (Código). El Departamento de Hacienda (Departamento del Tesoro) y el Internal Revenue Service (IRS) la intención de incorporar las normas descritas en este aviso en regulaciones definitivas relativas a las secciones 1471 a través de 1474.

II. HISTÓRICO DE DILIGENCIAS ENMARCADAS EN EL FATCA

El 15 de febrero de 2012, el Departamento del Tesoro y el IRS publicó propuestas de regulación en el capítulo 4 del Código de Rentas Internas en el Registro Federal (REG-121647-10, 77 Fed. Reg. 9022) (normas propuestas). 

El 15 de mayo de 2012, el IRS ha mantenido una audiencia pública sobre el proyecto de reglamento. 

El 26 de julio de 2012, el Departamento del Tesoro dio a conocer un modelo para los acuerdos bilaterales con otros países (en su versión recíproca y versiones no recíprocas) en virtud del cual las IFF satisfaga los Requisitos del Capítulo 4, sobre la presentación de información sobre las cuentas de los Nacionales y Residentes de Estados Unidos para su respectivas autoridades fiscales y en los términos que en ella se señalan, seguido por el intercambio automático de información que sobre una base de gobierno a gobierno con Estados Unidos. El modelo acuerdo señala plazos para IFF en jurisdicciones asociadas para completar el necesaria diligencia debida para identificar las cuentas de Estados Unidos. 

El 21 de junio de 2012, el Departamento del Tesoro anunció su intención de desarrollar un segundo modelo de acuerdo, en virtud del cual las entidades financieras en la jurisdicción de socio lo haría reportar información especificada directamente al IRS en una manera consistente con la normativa FATCA, complementada por el intercambio de información de gobierno a gobierno bajo petición. El Departamento del Tesoro tiene la intención de celebrar acuerdos bilaterales ("acuerdos intergubernamentales") basados en los modelos de acuerdos. (Negrillas nuestras)

Cabe destacar, que dichos modelos representan un “Acuerdo de Intercambio de Información”  aunque no se correspondan con los Modelos de la OCDE; los cuales a pesar de que ciertos países ya tienen este tipo de acuerdos con los Estados Unidos de Norteamérica, la existencia de nuevos elementos o circunstancias como esta nueva normativa, propicia la renegociación de dichos acuerdos, la inclusión de los modelos propuestos por las autoridades fiscales Estadounidenses como Adenda, o su negociación de forma autónoma pero interdependiente con los acuerdos de intercambio de información que los preceden. 

De esta manera, se deja por sentado, que la tesis expuesta por diversos tratadistas o especialistas que señalaban al FATCA como una normativa interna de los Estados Unidos que iba a tener efectos en otros países por su aplicación directa; queda desechada; toda vez, que el FATCA aún cuando obedece a una política fiscal interna en Estados Unidos, su aplicación es sólo interna y territorial, ya que los mecanismos jurídicos de intercambio de información transfronterizos o internacionales son la base donde se desenvuelve o desarrolla el acceso a la información, sin embargo, la novedad que establece el FATCA es que incluye de manera directa como sujeto obligado a las Entidades Financieras Extranjeras a efectos de vincularla directamente con el mecanismo que establece dicha normativa, toda vez que estas representan una fuente de información importante para la naturaleza financiera de la función fiscal, recaudadora y de control.

En conclusión;el FATCA es una  Ley  que permite la obtención eficaz de información financiera  extranjera de Nacionales o Residentes Estadounidenses en su condición de obligados tributarios, con el objeto de poseer registros de los fondos y activos pertenecientes a dichos contribuyentes, para su inclusión en los ingresos sujetos a carga impositiva,  incluyendo la posible  retención por no informar;  por ello, este instrumento jurídico:

1.- Establece una carga impositiva por incumplimiento por parte de los contribuyentes estadounidenses con cuentas en el extranjero.
2.-   Se enfoca en la presentación y Recepción de Informes:
            2.1- Sobre Declaraciones de los contribuyentes estadounidenses sobre cuentas en Instituciones Financieras  y Activos en el extranjero.
          2.2- Sobre Información de Instituciones financieras del exterior relacionadas con las cuentas financieras en poder de los contribuyentes estadounidenses o sociedades extranjeras en las que los contribuyentes estadounidenses tengan una participación accionaria.

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